Constitucionalistas advierten que en caso de que la Suprema Corte llegue a declarar la invalidez de gran parte del decreto de la reforma judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo ignoren esa decisión, indudablemente cometerían un desacato, un acto de desobediencia que agravará la crisis constitucional.
Esto luego que el pleno de la SCJN acordó que el 5 de noviembre se inicie el estudio de la reforma, donde el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular y que sólo se realice la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Francisco Burgoa, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, externa que la crisis constitucional existe, sobre todo a partir de que los poderes Ejecutivo y Legislativo ignoran las suspensiones en materia de amparo.
Explica que se puede presentar un escenario donde estaríamos hablando de la fragilidad del Estado constitucional y democrático de derecho, porque por más que la Corte emita medidas, como apercibimientos, con el propósito de obligar a los otros dos Poderes de la Unión a ejecutar su sentencia, simplemente carece de instrumentos que le permitan hacerlas cumplir, por ejemplo, indicó, el uso de la fuerza pública.
Diego García Ricci, abogado y académico de la Universidad Iberoamericana, agrega que la crisis comenzó desde el momento en que se interpusieron acciones de inconstitucionalidad; ahora hay un proyecto concreto de echar abajo parte de la reforma.
Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá hace referencia a una crisis constitucional. “Va a ser muy difícil que la Corte invalide totalmente… En ese caso sería la invalidez de algunas de las disposiciones, la más importante es la elección popular de jueces y magistrados”, puntualiza.